Endeudamiento público y restricciones

Por OscarRomo 22 abril 2013

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Aunque existen discrepancias en las cifras, se calcula que la deuda pública de Sonora anda sobre los 15 mil millones de pesos. No vamos a entrar aquí en discusiones sobre la exactitud o inexactitud de la cifra mencionada, basta y sobra con decir que la de Sonora es una de las mayores deudas contraídas por las entidades del país, y que los compromisos que implica representa una carga financiera mayúscula para la hacienda pública sonorense. Nada tiene que ver el COMUN con la insolvencia financiera de nuestro estado, sino la forma discrecionalmente aberrante como se ha manejado la hacienda pública sonorense durante los tres años de gobierno de Guillermo Padrés, en particular durante el 2012. Es el mal manejo de las finanzas el motivo del desastre, lo demás es jarabe de pico y patrañas inventadas.

 

Para agravar la situación, nos enteramos recientemente de que el gobierno de Guillermo Padrés acaba de contratar con una institución bancaria privada un empréstito adicional a corto plazo por 300 millones de pesos. Los ciudadanos que nos preocupamos por estas cosas hemos llegado a comprender que el endeudamiento más peligroso, el más pesado y que somete a un grave estrés financiero a cualquier nivel de gobierno, es precisamente el de corto plazo. Este tipo de deuda tiene el agravante de que, de acuerdo con las reglas vigentes, se puede contraer sin la aprobación del Poder Legislativo, es decir, el gobierno puede obtenerlo sin dar explicaciones a nadie acerca del objeto y el destino de los recursos obtenidos.  

 

Me parece que cualquier persona sensata considera el endeudamiento público desorbitado como una especie de espada de Damocles financiera que pende sobre el cuello de la entidad de gobierno que lo contrae. El endeudamiento público ‘per se’ no es necesariamente malo o peligroso, aunque desde luego, y bajo determinadas condiciones, puede llegar a serlo en grado sumo, sobre todo cuando se rebasan los límites de la razón y la prudencia. 

 

¿Por qué y para qué se contrae la deuda?

Sobre el endeudamiento público de las entidades federativas y los municipios, el doctor en derecho Luis Manuel Pérez de Acha sostiene que antes de hacer un análisis de la situación que guardan dichos endeudamientos, es necesario hacer tres reflexiones importantes. La primera es preguntarnos: ¿Para qué es la deuda? La segunda es: ¿Esta deuda reúne los requisitos que establece la Constitución? Y la tercera sería: ¿Contamos con información financiera suficiente como para evaluar desde un punto de vista estrictamente financiero su razonabilidad?

 

La constitucionalidad de las deudas 

Respecto de la primera cuestión, Pérez de Acha afirma que todo endeudamiento de cualquier entidad gubernamental debe tener como destino un proyecto productivo. Al menos en México así lo establece la Constitución, entendiéndose que, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, un proyecto productivo no es solamente aquel cuya finalidad es producir un ingreso en términos monetarios, sino que también tenga una productividad indirecta, o un impacto social relevante. En cambio, si el producto del préstamo se va a destinar al gasto corriente, sin duda será inconstitucional. En este caso también están aquellos gastos que las entidades federativas realizan y cuyo destino es incierto, y poco o nada se sabe de su justificación económica o social. “Cualquier financiamiento que no tenga como fin un proyecto productivo es de plano inconstitucional”, sostiene el abogado.

 

Información financiera

Pérez de Acha afirma también que la propia Constitución impone a todas las entidades públicas, sea gobierno federal, estatal o municipal, o de cualquier otra índole, la obligación de mantener una contabilidad gubernamental que produzca información financiera. Y es que sin estados financieros difícilmente se puede evaluar cuál es la situación de una entidad gubernamental. Hasta ahora la contabilidad gubernamental solo ha producido un listado de entradas y salidas de efectivo que a todas luces es insuficiente para determinar, como se hace en cualquier empresa, si el gobierno está sobre endeudado o no. 

 

Lo importante es saber para qué se quiere la deuda y qué destino tuvo el financiamiento. Y eso “no lo dice un estado de ingresos y egresos”. Un flujo de entradas y salidas no habla, por ejemplo, de los activos productivos, que serían la contrapartida del financiamiento.

 

Evidentemente si hay un crédito contratado es porque los ingresos que está recibiendo la entidad federativa son insuficientes por concepto de ingresos propios o locales, o de transferencias federales, pero la evaluación final de la justificación de un crédito debe ser hecha a la luz de los estados financieros. Con los estados financieros se podría evaluar, por ejemplo, los activos del gobierno que en particular podrían respaldar en un momento dado la solvencia de la deuda. De ahí que -dice el doctor Pérez de Acha- “para poder hacer una evaluación profunda del endeudamiento de los estados  habría que tener a la mano los estados financieros que contengan la información del tema de cada gobierno”.

 

No podrán “heredar” deudas de corto plazo

Siendo el endeudamiento de entidades y ayuntamientos un tema de preocupación mayor a nivel nacional, recientemente el Senado aprobó las reformas para regular la deuda de los estados y municipios, luego de que en tribuna senadores del PAN y PRD admitieran que dicha ley implica ciertos avances, aunque es una "reforma imperfecta" ya que no contiene los suficientes controles. Por absoluta mayoría, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 100 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, las reformas constitucionales para regular y evitar que la deuda de los estados y municipios se vuelva un problema sistémico para la economía y las finanzas nacionales.

 

Con esta legislación –que ya pasó a la Cámara de Diputados– los gobiernos estatales no podrán contratar financiamiento seis meses antes de dejar sus cargos. Además, se genera una serie de candados a nivel local y federal para evitar corruptelas o que alcaldes y gobernadores “hereden” compromisos a las nuevas administraciones, adelantó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Raúl Cervantes.

 

Esta iniciativa, que se puede calificar como excelente, y que se considera como un gran paso en el combate al desorden financiero que existe en la inmensa mayoría de las entidades federativas y municipios del país, fue aprobada casi por unanimidad en el senado, aunque al pasar a la Cámara de Diputados al parecer ha empezado a encontrar fuertes escollos, más de carácter reglamentario que de otro tipo. Todo México coincide en que el endeudamiento irrefrenable tiene de rodillas a estados y municipios, y que la incompetencia de los responsables les impulsa a buscar la salida fácil de un mayor endeudamiento, bajo la vieja y perniciosa premisa de “el que venga detrás que arree”. Todo indica que eso ya llegó a su fin.

 

No cabe duda de que una de las peores calamidades que se abaten sobre los ciudadanos de cualquier entidad federativa es el endeudamiento que contraen los sucesivos gobiernos, sin que nadie atine a ponerles freno. En ocasiones el endeudamiento puede tener justificación, cuando el fin lo amerita y el pago de la deuda se sustenta convenientemente, pero eso sucede pocas veces, y casi siempre –por no decir siempre- los gobiernos contraen deudas monstruosas sin decir agua va, o sea que quienes vamos a pagar ni siquiera nos enteramos… hasta que ya es demasiado tarde.

 

Un caso reciente lo tenemos en el sorpresivo crecimiento de la deuda pública estatal en los primeros tres años de gobierno de Guillermo Padrés, que en apenas la mitad de su período agregó 5 mil mdp a los 10 mil que habían acumulado los gobiernos anteriores, priistas todos ellos. 33% de incremento en un periodo sorprendentemente corto, y los sonorenses jamás nos enteramos hasta que ya fue un acto consumado. ¿Cuándo y bajo qué argumentos fue aprobado el brutal endeudamiento por el Congreso del Estado en turno? Nadie lo sabe, y nadie lo sabrá. Siendo agua pasada, solo queda pagar (durante años) y callar (como toda la vida).

 

Por ello, leyes como la de Contabilidad Gubernamental e iniciativas como esta que acaba de aprobar el Senado de la República deben ser recibidas con agrado y beneplácito. Ahora falta saber con qué salen los señores diputados federales. Dirá usted que en todo caso el chiste es que se apliquen a rajatabla, pero ese es otro boleto. Las leyes mencionadas sin duda son buenas, y al ser correctamente aplicadas deben rendir grandes beneficios. Junto con el endurecimiento de los mandatos sobre la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, son parte de la mejoría que se espera, una vez que se logren en su totalidad las reformas que el país lleva años esperando. 

 

Es hora de acotar a los gobiernos estatales y municipales en su apetito incontenible de contratar deuda sin importarles cómo y con qué se pagará. Es hora de terminar con el desorden y el manoteo, con la corrupción y el desbarajuste. Es hora de meter en cintura a los irresponsables despilfarradores que endeudan a estados y municipios en busca de riquezas mal habidas, en medio de la absoluta y total impunidad que ha imperado hasta el momento. 

 

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